Según el Viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera, las propuestas presentadas por los mandatarios municipales coinciden con las del Gobierno Nacional, por eso, como conclusiones principales se acordó la reglamentación de cinco temas puntuales.
El primero es un acuerdo amplio sobre la necesidad de generar una póliza obligatoria que ampare la estabilidad de las viviendas, de manera que los compradores puedan amparar su patrimonio ante eventuales riesgos en una edificación por alteración en el diseño o problemas de construcción.
En segundo lugar, hubo un consenso entre los alcaldes acerca de la necesidad de generar una supervisión técnica independiente de las obras de construcción, que va a ser la base en los certificados de ocupación de los inmuebles. Un tercer punto, tuvo que ver con la propuesta del Gobierno de que la ocupación de los inmuebles esté condicionada a la presentación de los informes técnicos de ejecución de las obras, como condición para autorizar las escrituras y el registro de los inmuebles.
Otras dos propuestas que el Gobierno Nacional acató por parte de los municipios hace relación a fortalecer la figura del curador urbano y reglamentar las condiciones de vigencia de las licencias de urbanizaciones por etapas, no vulnerando las disposiciones y los planes de ordenamiento territorial. Y finalmente, teniendo en cuenta que en Colombia existe una reglamentación bastante exigente con el código de construcción que se ha venido actualizando, con los alcaldes se buscará generar condiciones técnicas de control para que esas normas se sigan cumpliendo como lo hacen en la construcción formal.
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