La Oficina de Género de la Alcaldía de Pasto, como secretaría técnica y parte del Comité de Seguimiento de la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción para prevenir la violencia y discriminación contra las mujeres; junto con los demás integrantes del comité y las instituciones establecidas para su acompañamiento, realizaron la validación y el ajuste de la ruta de atención a víctimas de VBG.
Para tal propósito, la dependencia junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, coordinaron un taller que permitió establecer las fortalezas de cada institución, desde su enfoque de servicio, sea salud, protección o justicia, así como sus debilidades, para convertirlas en oportunidades a través de la articulación institucional.
Desde ONU Mujeres, organismo que en este caso brinda asistencia técnica, la Oficial Territorial para el Departamento de Nariño, Diana Carolina Hidalgo, manifestó que la Oficina de Género ha emprendido un espacio muy interesante con las diferentes instituciones encargadas de atender las violencias contra las mujeres, lo que permite articular esfuerzos y que cada una conozca sus competencias.
Gloria Elvira Saenz Zambrano, Representante Legal de la Asociación de Mujeres Profesionales de Nariño dijo que es un gran esfuerzo de parte de la Oficina de Género, “por primera vez que estamos viendo las falencias y posibles soluciones a los problemas que existen”.
De parte de la Secretaría de Salud, María Isabel Díaz expresó: “para nosotros es grato participar y contar qué actividades estamos haciendo desde el sector salud para aportar a esa atención diferencial a las víctimas de VBG, estos espacios son muy importantes para prestar una atención integral a las víctimas”.
Por su parte la Jefa de la Oficina de Género, Karol Eliana Castro Botero, indicó que este proceso no culmina en este punto, “producto de esta jornada se acordó establecer un directorio con cada una de las instituciones competentes, donde cada una tendrá designada a una persona específica para garantizar un proceso de mayor comunicación y diálogo, asegurando así que los procedimientos y protocolos de cada institución se realicen debidamente, en los tres sectores de atención a las víctimas: salud, protección y justicia”.
